Es un acto administrativo que un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) debe solicitar a la Comunidad Autónoma donde resida su sede social, previamente al inicio de su actividad. Una vez recibida, la comunidad autónoma debe enviar la documentación presentada por el SCRAP a la Comisión de Coordinación en materia de residuos, que debe devolverle un informe con las aportaciones de sus miembros para que la Comunidad Autónoma conceda, si procede, la autorización en la que se fijarán las condiciones de ejercicio. Una vez completado el procedimiento, la autorización será válida para todo el territorio nacional y se inscribirá en el Registro de producción y gestión de residuos.